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Trump en las redes, por Fernando Mires

El cierre de la cuenta de Trump por parte de diversas redes sociales, entre ellas Twitter y Facebook, fue vista por Angela Merkel como un hecho problemático.

Problemático no quiere decir que Merkel se hubiese pronunciado en contra de la decisión de los empresarios de las RRSS. Problemático quiere decir, simplemente, que estamos frente a un problema no resuelto. Según el portavoz del gobierno, Steffen Seibert: “Es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por las leyes y no por la decisión de una dirección de empresa”.

Agregó el portavoz que los operadores de las plataformas de RRSS “tienen una gran responsabilidad en que la comunicación política no sea envenenada por el odio, las mentiras y la incitación a la violencia”. Pero Seibert también dijo que la libertad de opinión es un derecho de “importancia elemental”. Precisamente el día anterior, Merkel había expresado, sin nombrar a Trump, su radical oposición a la repartición de noticias falsas y a las incitaciones al odio. En efecto, no todas las emitidas por Trump han sido, en sentido estricto, opiniones. Opinar no es colocar cualquier mensaje en las redes.

Si Trump opina que sus contrincantes son pedófilos, asesinos de nonatos y mercenarios comunistas, está en su derecho. Es su descabellada opinión, pero es su opinión.

Pero si él o sus secuaces ordenan materializar su odio en las instituciones del Estado ahí no están opinando. Están usando a las RRSS como comando central para desatar acciones subversivas. Y justamente eso fue lo que entendieron los empresarios de las RRSS. Pues una cosa es que Trump se sirva de las redes para expresar sus puntos de vista y otra es que intente convertirlas en plataforma de lucha en contra de las instituciones democráticas y sus representantes. Todo empresario tiene el derecho a proteger su empresa cuando surgen intentos para desviarla de los objetivos para los cuales fue creada. Más todavía si, al convertirse en usuario, cada persona acepta las condiciones que impone participar en una determinada red.

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El problema, y esta es la opinión de Merkel, es que dictaminar quién o no debe interactuar en las redes no solo debe ser atributo de sus propietarios, pues esas redes han llegado a ser un foro de la sociedad digital. Son “cosa pública” y, por lo mismo, sin ser en sí políticas, alcanzan en ocasiones una alta incidencia política.

Las RRSS pueden llegar a convertirse, para decirlo con las palabras de Habermas, en “agentes discursivos de la razón comunicativa”. Definición que concierne, dicho con benevolencia, a no más del 5% de sus usuarios. Basta revisar las páginas de Twitter para darse cuenta de que allí también concurren testaferros, bandas organizadas e imbéciles de tomo y lomo. Pero son ciudadanos y, en sus turbios modos subpolíticos, intentan expresarse. Al fin y al cabo la civilización moderna no es mejor que Twitter (y otras mesas digitales) en su conjunto.

Así y todo, Twitter y otras redes han llegado a ser un campo de opiniones encontradas. Espacio de controversias múltiples, sin duda.

Y allí interactúan líderes políticos, dirigentes de masas, revolucionarios, presidentes racistas, misóginos, populistas y hasta dictadores. Considerando estas características es evidente que las RRSS urgen de instancias moderadoras que impongan ciertas reglas. Y esas, es la opinión de Merkel, no pueden ser solo las formadas por empresarios de las redes. Pero si no son solo ellos, ¿quién otro puede serlo? Ahí está el nudo del problema.

Deben ser los Estados, podría ser una respuesta espontánea. Sería lógico. Pero solo en un mundo ideal. El problema es que los Estados están representados por gobiernos que, como tales, son ocasionales y fortuitos.

Y si consideramos que la mayoría de los Estados acreditados en la ONU no son democráticos, confiar a ellos la tutela sobre las RRSS sería parecido a poner un lobo a cuidar las ovejas. Basta saber que casi la totalidad de los Estados nacionales ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero solo una extrema minoría de gobiernos los cumple. La mayoría se la pasa por el forro. Lo mismo pasaría con una declaración de los derechos de las redes.

Tenemos que aceptarlo: las leyes están sujetas a condiciones de tiempo y espacio. No existe una legislación global válida para todos los países de la tierra. No obstante, existen organizaciones internacionales como la UE y la OEA y a ellas correspondería, por lo menos en parte, fijar algunos puntos sobre el tema. A su modo lento, perezoso, burocrático, la UE está tomando en serio el problema.

Una reglamentación sobre la participación en las RRSS no puede, sin embargo, ser perfecta. Eso quiere decir que las decisiones acerca del uso y participación en las redes debe atender, por lo menos, a dos criterios. Uno tiene que ver con la gravitación o incidencia de quien hace uso indebido de las redes. Si no fuera así, una inmensa mayoría de personas dedicadas a divulgar noticias falsas, a ofender al prójimo, a maltratar la palabra escrita, deberían ser excluidos de las redes. Pero las redes, al servicio de las opiniones de “esa madera carcomida que es el ser humano” (Kant), no pueden ser distintas a lo que son la mayoría de sus usuarios. Por eso, no es lo mismo si el presidente de Kirguistán no cumple con normas éticas en las redes, a que lo haga el presidente de la más grande potencia económica y militar, una persona cuyas decisiones gravitan y giran alrededor del planeta.

El otro criterio tiene que ver contra qué o quién van dirigidos los llamados a subvertir el orden institucional de un país y a quienes van dedicados los mensajes de odio.

El caso de Trump es más claro que el agua: sus agresivas invectivas iban dirigidas en contra de las instituciones de un Estado republicano y democrático a la vez. Pero si esos mismos llamados son dirigidos en contra de una autocracia o una dictadura ¿deberían ser cerradas sus cuentas en las RRSS? Si un político disidente en Bielorrusia (podría ser en Turquía o Venezuela) tilda a los tribunales electorales como organizaciones corruptas y llama a rebelarse en contra de ellos, ¿vamos a negar su derecho a la rebelión solo por cumplir una norma absoluta y general? Sería absurdo.

Entonces, preguntarán por otro lado ¿no es posible dictar reglas para todos? La respuesta solo puede ser una: no podemos medir con la misma vara el odio hacia las instituciones electorales que despliega Trump con el odio hacia las instituciones electorales que despliega un perseguido político de Bielorrusia. Son dos odios, no solo distintos sino, además, contrarios entre sí.

Lo importante entonces –y eso hay que recalcarlo– no es el mensaje de odio sino el objeto del odio. Entonces, ¿las redes deben tomar partido a favor de unos y en contra de otros? Para responder a esta delicada pregunta, debemos hacer un ejercicio de lógica.

Si tenemos en cuenta que todo odio supone rechazo (aunque no todo rechazo supone odio) podríamos sustituir la palabra odio por la palabra rechazo.

Efectivamente, las redes no pueden aceptar todo tipo de interacción. Si alguien intenta rendir culto a la antropofagia –a veces hay que recurrir a ejemplos extremos– la mayoría no caníbal va a estar de acuerdo en que los antropófagos no lo hagan en las RRSS. En ese sentido, los actores de las redes tomarían partido en contra de la antropofagia.

Bajemos el tono ahora y hablemos de las dictaduras. Aquí el tema es algo más complicado: todo gobierno no democrático, lo sabemos por los propios mensajes emitidos en las redes, cuenta con legiones de partidarios. Desde un punto de vista liberal están en su derecho a emitir opiniones en las redes. En ese punto, los directivos de las redes son libres de decidir o no, si dan curso a mensajes de odio a las democracias. Lo que no deberían permitir, y aquí rozamos el caso Trump, son los llamados a destruir, a asaltar, a vejar a las instituciones democráticas, aunque sea en nombre de la democracia. Incluso puedo imaginar a demócratas extremos –podemos llamarlos democratistas– que, sin estar de acuerdo con el canibalismo, estarían en desacuerdo con que las opiniones de los caníbales fueran vetadas pues su publicación permitiría debatirlas. Lo que no deja de ser, en parte, cierto.

Pongamos ahora otro ejemplo. No es un misterio para nadie que la mortífera expansión del covid-19 ha activado el espíritu negacionista, hasta el punto de que ha habido personas –Trump ha sido una de ellas– que han negado o minimizado la existencia de la pandemia. ¿Deben las redes permitir dichas negaciones? Aquí hay que diferenciar entre el “pueden” y el “deben”. De poder, pueden, evidentemente. Si deben, es controversial, o en las palabras de Merkel, muy “problemático”. Lo que no pueden ni deben es permitir la publicación de llamados a subvertir las normas que dictan los gobiernos, sobre todo los democráticos, para prevenir o para defender a la ciudadanía de los efectos de la pandemia. Lamentablemente, no ha sido ese el caso.

El asalto de las turbas alemanas al Reichstag fue organizado, al igual que el asalto al Capitolio, desde las RRSS.

Dicho de modo escueto: las redes no deben tomar partido a favor de una ideología, creencia, partido, grupo o movimiento, o simples opiniones, sean democráticas o antidemocráticas. Pero los llamados a asaltar instituciones democráticas no deberían tener cabida en sus mensajes. Asumir una imparcialidad total y absoluta significaría en este caso situar en un mismo nivel a los defensores y a los destructores de la democracia. La popular frase “lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava” no aplica en este caso. Democracias y antidemocracias no pertenecen a la misma “especie” política. La frase avícola correcta debería ser “lo que es bueno para los canarios no es bueno para los buitres”.

Digámoslo terminantemente. No vivimos en un mundo homogéneo. La política, que es la continuación de la guerra por otros medios, ha trazado a nivel mundial una línea demarcatoria: a un lado las naciones y personas democráticas; al otro, las naciones y personas antidemocráticas. Vivimos, queramos o no, en un mundo dividido y confrontado. En ese mundo las RRSS han contraído una deuda con la democracia. Nacieron en un mundo democrático. Gracias a la democracia han podido expandirse y ampliarse hacia la globalidad total. Sin democracia serían solo instrumentos de dictaduras o poderes autocráticos locales.

Por cierto, sería ideal que las decisiones que llevan a cerrar cuentas a quienes llamen a la destrucción de la democracia obedecieran a reglamentos plenamente aceptados por la comunidad internacional. Ideal sería también que, en caso de dudas, hubiera organismos de consulta.

Y mucho más ideal sería que las decisiones sobre esta materia no estuvieran libradas a la buena o mala voluntad de los empresarios comunicacionales.

Pero frente a la ausencia de reglamentos y organismos acreditados, los ejecutivos de Twitter, Facebook y otras RRSS tenían frente al “caso Trump” solo dos alternativas. O aceptaban convertir las redes en una plataforma antidemocrática de Trump y los suyos o les cerraban la puerta. Bajo esas condiciones –repito, solo bajo esas condiciones– hicieron bien. La decisión que ellos tomaron fue jurídica, ética y políticamente correcta. Problemática, dice Merkel. Muy problemática, agregamos. Pero fue la correcta.

Fernando Mires es (Prof. Dr.), fundador de la revista POLIS, Escritor, Político, con incursiones en literatura, filosofía y fútbol.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo

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